La USTR resolvió aplicar un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas de carnes de pollo y cerdo, aunque ChileCarne había presentado una sólida defensa técnica y comercial, en coordinación con las autoridades y el sector exportador, reafirmando la posición de Chile como un proveedor confiable y comprometido con los más altos estándares laborales y sanitarios.
Tras varios meses de investigación del USTR sobre el cumplimiento de normas relacionadas con el trabajo forzoso, la autoridad estadounidense resolvió aplicar un arancel adicional de 12,5% a las exportaciones chilenas de carnes pollo y cerdo.
Durante este proceso, ChileCarne desempeñó un rol activo en la defensa de los intereses del sector, participando en la audiencia pública realizada en Washington D.C. y presentando comentarios escritos en distintas etapas de la investigación, con el objetivo de solicitar la exclusión de las carnes chilenas de la medida.
La estrategia se desarrolló en estrecha coordinación con la Cancillería, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), SOFOFA y los principales gremios exportadores del país que apoyaron la posición de Chile.
En su presentación ante la USTR, Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, destacó que Chile cuenta con un sólido marco legal que prohíbe y sanciona el trabajo forzoso, cumple plenamente los compromisos laborales establecidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no existe evidencia que vincule a la industria chilena de carnes con las prácticas que dieron origen a la investigación.
Asimismo, el gremio enfatizó que Chile es uno de los pocos países autorizados por el Servicio de Inocuidad e Inspección Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) para exportar carnes de pollo y cerdo a ese mercado, reconocimiento que acredita la equivalencia de su sistema oficial de inspección y sus altos estándares de sanidad animal, inocuidad alimentaria y trazabilidad.
ChileCarne también argumentó que las exportaciones chilenas representan una participación muy reducida dentro del mercado estadounidense y que el comercio bilateral es complementario, beneficiando tanto a productores como a importadores, distribuidores y consumidores de ambos países.
Si bien la resolución final no acogió la solicitud de excluir a las carnes chilenas de la medida, el proceso permitió dejar formalmente registrados los antecedentes técnicos, sanitarios, laborales y comerciales que respaldan la posición de Chile y fortaleció el trabajo coordinado entre el sector público y privado en la defensa de los intereses del país.
Más allá del resultado de esta investigación, el proceso también reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan demostrar, de manera objetiva y verificable, el cumplimiento de los altos estándares laborales de Chile a lo largo de toda la cadena de suministro.
En esa línea, resulta especialmente relevante la reciente suscripción de una declaración interministerial entre la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), la Subsecretaría del Trabajo y la Subsecretaría de Derechos Humanos, mediante la cual el Gobierno formalizó su compromiso con la implementación del Plan de Acción 2026–2030 de la Política Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso (PANTRAFOR). Esta iniciativa contribuirá a fortalecer la institucionalidad del país en esta materia y a reforzar la confianza de los mercados internacionales en los estándares laborales de Chile.
Al respecto, Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, señaló:
«Respetamos la decisión adoptada por Estados Unidos, aunque consideramos que los antecedentes presentados durante la investigación demostraban que Chile constituía un caso claramente diferenciado. Como gremio, seguiremos trabajando junto a las autoridades y nuestras empresas asociadas para evaluar los efectos de esta medida y resguardar la competitividad de las exportaciones chilenas.»
ChileCarne continuará trabajando junto a las autoridades nacionales, sus empresas asociadas y los distintos actores involucrados para monitorear la implementación de esta medida, evaluar sus impactos e impulsar acciones que fortalezcan la posición de Chile como proveedor confiable de alimentos, basado en altos estándares sanitarios, laborales y de sostenibilidad.
