En una entrevista exclusiva con ChileCarne, la Subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, abordó la importancia de la seguridad alimentaria en el contexto actual y las acciones estratégicas para garantizarla en el país. La Secretaria de Estado profundizó en cuanto a cómo la estrategia nacional busca fortalecer la producción y acceso a alimentos nutritivos, afrontar los desafíos del cambio climático y promover la colaboración público-privada para asegurar la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de producción, detallando los avances y metas que están transformando el panorama de la seguridad alimentaria en Chile.
– ¿Cuál es la importancia de la seguridad alimentaria en el contexto actual y cuáles son las principales acciones que se están llevando a cabo para garantizarla en el país?
Asegurar que todas las personas, independientemente de su edad y condición, tengan acceso a alimentos adecuados y suficientes debe ser un objetivo de primera prioridad para todos los países. En Chile, la pandemia del COVID 19 permitió evidenciar que aun queda bastante trabajo por hacer para resolver este problema. Previo a la pandemia, según datos de la Encuesta CASEN de 2017, el 10,2% de las personas estaban en condición de inseguridad alimentaria moderada, es decir, enfrentaban incertidumbres en su capacidad para obtener alimentos, y/o se habían visto obligadas a aceptar menor calidad de los alimentos que consumen, mientras que el 3.4% enfrentaban una situación de inseguridad alimentaria severa que, en los peores casos, puede llegar a significar pasar uno o más días sin comer. En plena pandemia, el 25% de los hogares que había disminuido sus ingresos, estaba en condición de inseguridad alimentaria, y la inseguridad alimentaria en los quintiles 1 y 2 se ubicaba en 30% y 20% (PNUD-MDSF 2020, Impactos socioeconómicos de la pandemia en los hogares de Chile).
Abordar esta realidad, y enfrentar las múltiples causas detrás de la inseguridad alimentaria es un mandato de nuestro Ministerio, en un trabajo conjunto y articulado con otros ministerios y servicios públicos. Por eso es que en mayo pasado dimos a conocer la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria con el propósito de consagrar el derecho a la alimentación y definir un conjunto de principios fundamentales para asegurar ese derecho a todas las personas. La estrategia adopta un enfoque integral que aborda los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo de alimentos, incluyendo acciones en aspectos transversales como la sustentabilidad, la equidad de género, la juventud rural, el trabajo decente y la asociatividad, entre otros. Lejos de tener una mirada proteccionista, la estrategia propone una definición de soberanía alimentaria que busca fortalecer la producción agrícola y el comercio local de manera conjunta con el desarrollo del sector agroexportador.
– ¿Cómo se fortalecerá la producción y seguridad alimentaria en el marco de la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria?
Para llevar adelante esta propuesta, estamos trabajando en un Plan de Acción que articula las políticas y programas con que distintos ministerios contribuyen a asegurar el derecho a la alimentación.
Un ámbito clave para la seguridad alimentaria en el que tienen competencia varios ministerios es el combate de la malnutrición. La malnutrición se genera cuando la dieta de una persona contiene muy pocos nutrientes, lo que puede resultar en desnutrición, pero también sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta de las personas, cada vez más frecuentes. Mientras que en 2019 el 23,5% de las niñas, niños y adolescentes entre prekínder y primero medio padecía obesidad, en 2021 el porcentaje de niñas, niños y adolescentes con obesidad ascendió a 31%, 7,5 puntos porcentuales más que dos años antes (Informe Mapa Nutricional 2021, JUNAEB).
En ese sentido debemos garantizar el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, para que las personas puedan llevar una vida activa y saludable. Esto sólo podemos lograrlo a través de la construcción de un sistema alimentario sostenible que permita alcanzar dietas saludables para todos y todas. Iniciativas incluidas en el plan de acción, como los micro bancos de alimentos que fomentan la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos que buscamos implementar en coordinación con otros ministerios y los gobiernos locales, son un ejemplo del trabajo que estamos promoviendo en este sentido.
En lo que compete a las tareas propias del Ministerio de Agricultura, estamos trabajando en el diseño de un programa que tiene como propósito apoyar la producción sostenible y la comercialización de hortalizas y otros alimentos de alto valor nutritivo que participan en la canasta básica de alimentos de los hogares. Esto permitirá aumentar la oferta de alimentos saludables, inocuos y producidos por la Agricultura Familiar Campesina, de manera tal de contribuir a mejorar el acceso de éstos por parte de los hogares chilenos. Nuestra apuesta es que, fortaleciendo la capacidad de producción y comercialización de productos agrícolas para el mercado nacional, irá mejorando la disponibilidad y los precios de estos productos, que muchas veces no se consumen en forma suficiente porque las familias enfrentan dificultades para acceder a ellos por su alto costo.
Durante el primer año, el programa estará enfocado en apoyar la producción de hortalizas, tomates y papas, priorización que se justifica dado que estos alimentos corresponden a parte importante de los alimentos frescos necesarios para asegurar una alimentación saludable, además de tener una importancia estratégica para la agricultura del país. En los siguientes años esperamos ir ampliando a otros rubros estratégicos para la producción nacional y el consumo de los hogares.
– ¿Cuáles son los desafíos más relevantes que enfrenta Chile en materia de seguridad alimentaria y cómo se están abordando?
Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos para asegurar la producción de alimentos es el cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para 2050 necesitaremos producir un 50% más de alimentos para abastecer a la población, desafío que se ve amenazado por el contexto climático.
Chile es considerado como un país altamente vulnerable a los impactos que tendrá en los sistemas naturales y en las comunidades. El cambio climático está modificando las capacidades productivas del sector silvoagropecuario, los recursos naturales y los agroecosistemas. Esto tiene impactos productivos, pero también económicos, sociales y ambientales. La agricultura es una actividad estratégica para cualquier país, cuyo impacto social es evidente por la mano de obra que genera, las cadenas productivas que moviliza y por los efectos reguladores de la demografía en la ocupación del territorio.
Ya estamos viendo cómo las nuevas condiciones agroclimáticas están reconfigurando el mapa productivo, con la pérdida de idoneidad de los suelos de la zona central para ciertos tipos de producción convencional y el desplazamiento de los rubros de exportación hacia el sur del país, donde las condiciones de producción podrían mejorar para la fruticultura y vitivinicultura. Algunos estudios evidencian que el traslado de la producción hortofrutícola hacia el sur ya está en curso. La ganadería caprina será la más afectada, mientras que la bovina podría mejorar en la zona sur, a raíz de la condición de las praderas.
Para abordar esta compleja situación estamos trabajando en distintas acciones. A través de la Comisión Nacional de Riego impulsamos la nueva Ley de Riego, iniciativa que busca modernizar las garantías de seguridad hídrica para los pequeños agricultores y agricultoras, así como lograr eficiencia en el uso del agua, incorporar agricultura de riego en zonas rezagadas, el mejoramiento continuo de sistemas de riego para lograr la tan necesaria adaptación al cambio climático, y por consecuencia, garantizar la seguridad alimentaria, todo con la idea de avanzar en un desarrollo rural y territorial sostenible y equitativo. Esperamos que esta iniciativa sea aprobada prontamente, y avanzar con ello en mayor seguridad hídrica.
Durante este año también presentaremos el proyecto de Ley Sistema de Incentivos para la Gestión Sostenible de Suelos (SIGESS) que transformará el actual programa de suelos y nos permitirá contribuir a la sustentabilidad agroambiental del recurso suelo, cuyos objetivos serán la recuperación del potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y la mantención de los niveles de mejoramiento alcanzados, el que se regirá por las normas de esta ley.
¿Qué medidas se están implementando para asegurar la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de producción, desde la granja hasta la mesa?
La inocuidad alimentaria es clave para fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, de manera tal que la población tenga acceso a cantidades suficientes de alimentos seguros y nutritivos, para ello. En Chile, la institucionalidad relativa a la gestión de riesgos alimentarios se concentra principalmente en tres instituciones; el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, y el Ministerio de Economía, a través del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura SERNAPESCA. Adicionalmente, la Comisión Asesora Presidencial ACHIPIA, tiene como mandato promover la coordinación de estas instituciones y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.
Nuestro país se caracteriza por tener una institucionalidad técnicamente fuerte en cuanto a inocuidad y calidad alimentaria, lo que es compartido por la ciudadanía, existe evidencia que la población tiende a confiar en los etiquetados de los alimentos, el proceso productivo y las instituciones fiscalizadoras, y se señala además a los agricultores como los actores de la cadena alimentaria que más confianza generan.
Si bien esta institucionalidad nacional ha desarrollado importantes avances en su capacidad sectorial para abordar la inocuidad alimentaria, es necesario abordar ciertos desafíos sistémicos, por ejemplo lo relativo a la producción primaria, la armonización e integración entre SAG y el Ministerio de Salud de los programas de vigilancia y/o control de residuos de plaguicidas en productos hortofrutícolas de consumo nacional permitiría robustecer significativamente la gestión de estos riesgos optimizando el uso de los recursos y la eficiencia en el desempeño del Sistema. Esto está en línea con lo señalado en el último reporte disponible de la Red de Información y Alertas Alimentarias RIAL, que señala la necesidad de poner atención a la mayor prevalencia de peligros químicos, fundamentalmente residuos de plaguicidas, en el rubro frutas y hortalizas frescas comercializadas a nivel nacional.
El fortalecimiento de nuestra institucionalidad para asumir estas materias es una tarea fundamental. Por eso, en las próximas semanas convocaremos el Consejo de ACHIPIA, conformado por diversas Subsecretarías con competencias en materia de inocuidad alimentaria, justamente para analizar distintas opciones de institucionalización de este órgano que nació con un carácter asesor, pero que debemos trabajar para asegurar su carácter permanente.
– ¿Cuál es la participación y colaboración del sector público y privado en la promoción de la seguridad alimentaria en Chile?
Existe una alianza público-privada en la promoción de la seguridad alimentaria. Sólo en la elaboración de la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria trabajamos en coordinación ocho ministerios, 55 instituciones públicas, incluyendo gobiernos regionales y comunales, 84 instituciones privadas, 24 instituciones académicas, tres organismos internacionales y 43 personas naturales. Aproleche Osorno, Fedeleche, Fedefruta y Horticrece son algunos de los actores del mundo privado que participaron en la elaboración de esta importante iniciativa nacional.
Estos actores se congregan en torno a la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA), conformada el 16 de junio de 2022 en el palacio de La Moneda para la elaboración y seguimiento de la implementación de la Estrategia de Soberanía para la Seguridad Alimentaria.
En los próximos meses, a medida que vayamos avanzando en la implementación del plan de acción, esperamos incluir crecientemente a los gobiernos regionales y locales, muchos de los cuales ya se encuentran implementando acciones a los que debemos sumarnos como gobierno, para apoyar la alimentación de las personas en distintos contextos.
– ¿Qué estrategias se están implementando para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles crisis o desastres naturales que puedan afectar la producción de alimentos?
He señalado que el cambio climático tensiona a la agricultura por la mayor intensidad y ocurrencia de eventos extremos que impactan sobre cultivos, cosechas y terrenos agrícolas y forestales. Estos eventos agroclimáticos se conjugan muchas veces con otros de tipo fitosanitario en un panorama que conlleva reiteradas emergencias que debemos trabajar en abordar de forma distinta, con mayor capacidad de anticipación y prevención, así como a través de un trabajo más articulado con otras instituciones que cuentan con instrumentos para apoyar estrategias de mitigación y respuesta ante los riesgos.
Un ejemplo del trabajo que hemos establecido en este sentido es el que estamos realizando en conjunto con Chilehuevos, CORFO, Banco Estado y Agroseguros para enfrentar el impacto económico productivo que ha tenido el último brote de Influenza Aviar sobre la producción avícola.
Al respecto, junto con establecer una mesa técnica entre el SAG y la industria para fortalecer la red de vigilancia y alerta temprana y, de este modo, disminuir y controlar la aparición de nuevos brotes, buscamos apoyar la rehabilitación productiva de las empresas afectadas con instrumentos orientados a apoyar la competitividad, la asistencia técnica y la recuperación de las empresas.
La activación de este conjunto de instrumentos representa un esfuerzo intersectorial del gobierno para elaborar soluciones de política pública ante la ocurrencia de una crisis no prevista como la de la Influenza Aviar, priorizando la buena gestión, el uso eficiente de los recursos públicos y la capacidad de articular instancias de trabajo público-privadas. Es también un objetivo poder sentar las bases de una metodología de trabajo que pueda ser de utilidad para eventos similares en el futuro y que desafíen la capacidad del Estado para construir buenas y duraderas soluciones.
¿Cómo se monitorea y evalúa la seguridad alimentaria en Chile, y cuáles son los indicadores clave utilizados para medir el progreso en esta área?
Para reportar los datos de inseguridad alimentaria en Chile contamos como fuente oficial con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En ella se encuentran datos relevantes de prevalencia de inseguridad alimentaria de moderada a severa a nivel nacional, desagrada por región, por sexo, pertenencia a pueblos originarios, pobreza, entre otros. Es importante destacar que esta información recién se comenzó a reportar en la CASEN 2017, luego que se integrara la Escala Internacional de Inseguridad Alimentaria (FIES) diseñada por la FAO, con el propósito de conocer la situación nacional y a la vez poder comparar con otros países, pudiendo así monitorear la Agenda 2030 de los ODS. La CASEN 2022 levantará la próxima actualización de inseguridad alimentaria a nivel nacional.
Por otra parte, anualmente se reporta el Mapa Nutricional de Junaeb que tiene como objetivo dimensionar y alertar de la situación nutricional de estudiantes de niveles preescolar, básica y primero medio de todo el territorio nacional, en los cuales se reportan variables de desnutrición, retraso en talla y malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad y obesidad severa), de los cuales se pueden inferir indirectamente la situación alimentaria de los hogares chilenos, obteniendo datos con desagregación a nivel regional, por sexo, pueblo originario y nacionalidad (chilena o extranjera).
A nivel del Ministerio de Agricultura, hacemos seguimiento al trabajo realizado al amparo de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y prontamente esperamos poner a disposición una serie de indicadores y metas asociados a la implementación del programa de apoyo a la producción y comercialización sostenible de alimentos de alto valor nutritivo.
