El sector porcino chileno ha alcanzado altos estándares sanitarios y ambientales, consolidando un modelo productivo moderno y competitivo. Sin embargo, la ausencia de una ley marco integral de ordenamiento territorial y la creciente expansión residencial en zonas rurales plantean nuevos desafíos para su sostenibilidad. Avanzar en una planificación que proteja el suelo productivo, entregue certeza jurídica y anticipe conflictos es hoy una condición estratégica para el desarrollo agroalimentario de largo plazo.
El crecimiento del sector porcino ha estado acompañado de una evolución constante en sus estándares. Las empresas han realizado inversiones sostenidas en tecnología, gestión y mejora continua para cumplir con exigencias ambientales cada vez más estrictas, como la implementación de la Norma de Emisión de Olores. Este proceso -recogido en el reporte “La sostenibilidad del sector porcino chileno: 25 años”- muestra que el ordenamiento territorial emerge hoy como un factor estructural para consolidar su desarrollo sostenible.
“El sector ha demostrado que puede avanzar en estándares sanitarios y ambientales cada vez más exigentes. El desafío hoy no es solo productivo, sino territorial: necesitamos reglas claras que permitan compatibilizar desarrollo y convivencia”, sostiene Daniela Álvarez, gerente de Sostenibilidad de ChileCarne.
En ese contexto, el suelo rural cumple una función estratégica. Es la base física de los sistemas productivos, sostiene la seguridad alimentaria y dinamiza economías regionales. Su adecuada gestión no solo incide en la competitividad del sector porcino, sino también en la sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria.
Transformaciones del territorio
Mientras la regulación ambiental avanzaba, el territorio también cambió. En diversas regiones del país se intensificó la expansión residencial hacia zonas rurales, acercando nuevos desarrollos habitacionales a actividades agrícolas e industriales que ya estaban establecidas y operando conforme a la normativa vigente.
Cuando este crecimiento ocurre sin una mirada territorial integrada, surgen tensiones que no necesariamente existían al momento de aprobar los proyectos. La evaluación caso a caso no reemplaza la necesidad de definir previamente la vocación productiva de los territorios ni de orientar el crecimiento habitacional con criterios claros. Sin planificación, aumenta la incertidumbre y se complejiza la convivencia local.
El desafío regulatorio en el territorio rural
Chile aún no cuenta con una ley marco integral de ordenamiento territorial que articule de manera coherente el desarrollo urbano y rural. Hoy la regulación se estructura principalmente en torno al límite urbano definido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, mientras que fuera de él opera el régimen de subdivisión de predios rústicos, vigente desde la década de 1980.
En ese contexto, el crecimiento de subdivisiones rurales ha sido significativo. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 2021 se aprobaron más de 279 mil subdivisiones en área rural, cifra que aumentó a más de 339 mil en 2022, lo que representa un crecimiento superior al 21% en solo un año. Este aumento sostenido da cuenta de un fenómeno que, en muchos casos, se ha desarrollado sin una planificación territorial integral que anticipe sus efectos acumulativos.
El resultado ha sido la conformación de nuevos núcleos residenciales en zonas originalmente destinadas a usos agrícolas, muchas veces con infraestructura limitada y mayores presiones sobre suelos productivos y recursos hídricos.
“Cuando el crecimiento habitacional se produce sin planificación, no solo se tensiona la convivencia con actividades productivas preexistentes; también se generan impactos ambientales y sociales que terminan afectando a las propias comunidades”, explica Daniela Álvarez.
Avances regulatorios y debate en curso
Frente a este escenario, en los últimos años se han dado pasos relevantes. La Circular 475 de 2022 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fortaleció el control sobre subdivisiones rurales que incorporaban características propias de desarrollos habitacionales, resguardando el destino agrícola del suelo.
Asimismo, se encuentra en primer trámite constitucional el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural (Boletín 17006-01), elevando los estándares exigidos para este tipo de iniciativas.
En paralelo, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) representan una oportunidad concreta para establecer criterios de localización, definir áreas de influencia productiva y orientar el crecimiento futuro. No obstante, su plena operatividad aún enfrenta desafíos administrativos, lo que mantiene un espacio de incertidumbre precisamente donde la planificación resulta más necesaria.
La experiencia internacional
La experiencia comparada demuestra que la planificación territorial preventiva es clave para equilibrar desarrollo productivo y calidad de vida. Un caso ilustrativo es Dinamarca, cuyo modelo integra planificación territorial y regulación ambiental bajo una lógica coherente y de largo plazo.
El ordenamiento territorial danés -regulado por la Planning Act N° 813 de 2007- protege el suelo agrícola como uso estratégico, establece zonas diferenciadas y contempla áreas de amortiguación entre actividades productivas y residenciales. Esta coordinación ha permitido una coexistencia estable entre comunidades y producción agropecuaria, junto con altos niveles de certeza regulatoria. No es casualidad que el país sea hoy uno de los líderes mundiales en producción porcina.
Así también, experiencias en Alemania, Bélgica, Australia y Canadá refuerzan esta lógica: la regulación ambiental se vincula estrechamente con la jerarquía de uso del suelo, existen estándares diferenciados según tipo de zona y, en muchos casos, se reconoce la protección de operaciones preexistentes frente a nuevos desarrollos residenciales.
En países como Australia, por ejemplo, el principio “Agent of Change” establece que quien introduce un nuevo uso en el territorio debe asumir las medidas de mitigación necesarias, resguardando la continuidad de las actividades productivas preexistentes. Esta lógica distribuye responsabilidades de manera clara y reduce la conflictividad futura.
En estos modelos, las autorizaciones vigentes entregan estabilidad a las actividades productivas, evitando que cambios posteriores en el entorno generen incompatibilidades sin reglas claras de transición.
“Lo que muestran estas experiencias es que la certeza jurídica no es un privilegio del sector productivo; es una condición para atraer inversión, reducir conflictividad y dar estabilidad a las comunidades en el largo plazo”, enfatiza Daniela Álvarez.
Anticipar para proteger el desarrollo
Para Chile, el desafío no es frenar el crecimiento, sino ordenarlo. Avanzar hacia un principio que resguarde las actividades productivas legalmente establecidas, definir áreas de influencia productiva y orientar el desarrollo habitacional con criterios territoriales claros son pasos necesarios para evitar conflictos futuros.
Asimismo, incorporar variables como ruidos y olores desde la planificación del uso del suelo -y no solo desde la regulación ambiental- permitiría reducir tensiones y entregar mayor previsibilidad.
Fortalecer el ordenamiento territorial no es únicamente una discusión normativa. Es una decisión estratégica para proteger el suelo productivo, dar estabilidad a las comunidades y consolidar el desarrollo sostenible del sector porcino y del sistema agroalimentario chileno en el largo plazo.
