El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a situarse en el centro del debate comercial internacional tras el cierre alcanzado en diciembre de 2024, luego de más de 25 años de negociaciones. El proceso involucra a la Unión Europea y al bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y, aunque ha avanzado de manera significativa, aún no ha entrado en vigor, abriendo interrogantes relevantes para Chile en un mercado europeo cada vez más exigente.
Desde la perspectiva chilena, este escenario se analiza desde una posición distinta. El Acuerdo Interino de Comercio Chile-Unión Europea, vigente desde febrero de 2025, entrega condiciones de acceso preferencial ya consolidadas y un marco regulatorio claro y previsible para el comercio agroalimentario. En este contexto, el país dispone de una cuota anual de 21.200 toneladas de carne de cerdo con arancel cero, junto con una cuota de 32.200 toneladas en carne de ave, también libre de aranceles.
Este acceso preferencial se traduce en una inserción estable en el mercado europeo. Durante 2024, las exportaciones chilenas de carne de cerdo a la Unión Europea alcanzaron 16.900 toneladas, equivalentes a cerca del 5% de las exportaciones totales, con presencia consolidada en mercados como Alemania, España, Grecia y Países Bajos. Estos flujos
reflejan un posicionamiento sostenido en un mercado caracterizado por altos estándares sanitarios, regulatorios y comerciales.
En paralelo, el escenario competitivo podría experimentar ajustes en determinados segmentos, particularmente en el ámbito avícola. Brasil ya es un proveedor relevante del mercado europeo, con exportaciones que superaron las 230.000 toneladas en 2024. De avanzar el acuerdo y alcanzarse condiciones sanitarias equivalentes, podría intensificarse la competencia, especialmente en segmentos industriales y de retail, con eventuales efectos sobre precios.
En este contexto, para Chile el desafío no se limita al acceso arancelario, sino a la capacidad de mantener y fortalecer atributos valorados por el mercado europeo, como la consistencia sanitaria, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio. Al mismo tiempo, el principal reto para el Mercosur estará dado por su capacidad de responder de manera sostenida a las crecientes exigencias sanitarias, ambientales y de sostenibilidad de la Unión Europea, en un entorno internacional cada vez más competitivo.
Estado actual del acuerdo y contexto político europeo
El 17 de enero de 2026, la Unión Europea y los países del Mercosur firmaron formalmente el Acuerdo de Asociación en Asunción, Paraguay, marcando un hito relevante en un proceso iniciado hace más de dos décadas. Sin embargo, el acuerdo aún no ha entrado en vigor y su tramitación institucional enfrenta nuevas complejidades. Si bien el procedimiento contempla la aprobación del Parlamento Europeo y, posteriormente, de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, la ratificación parlamentaria quedó temporalmente suspendida tras la decisión de la propia Eurocámara de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el objeto de que este revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Este proceso de revisión, que podría extenderse entre 18 y 24 meses, implica que el Parlamento Europeo no avanzará en la votación final hasta contar con el dictamen del tribunal.
Entre los aspectos que la Eurocámara ha solicitado aclarar al Tribunal figura el denominado mecanismo de reequilibrio, que permitiría a los países del Mercosur impugnar normativa europea que consideren perjudicial para sus exportaciones. Este punto ha generado inquietud entre los eurodiputados, al plantear posibles tensiones con la autonomía regulatoria de la Unión Europea y con el marco de competencias establecido en los tratados comunitarios.
En conjunto, la decisión de remitir el acuerdo al TJUE introduce un nuevo nivel de incertidumbre respecto de los plazos y alcances reales de su implementación, al desplazar el debate desde el ámbito estrictamente político hacia una dimensión jurídico-institucional, en un contexto europeo particularmente sensible en materias comerciales, ambientales y regulatorias.
Este proceso se desarrolla, además, en un escenario marcado por una fuerte presión de los sectores agropecuarios europeos, que han manifestado su oposición ante el eventual ingreso de productos agroalimentarios del Mercosur. Países con alto peso agrícola -como Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Bélgica e Italia- concentran buena parte de estas resistencias, asociadas a preocupaciones por competencia en precios, asimetrías regulatorias y exigencias ambientales, factores que continúan tensionando el debate político interno.
Desde una perspectiva sectorial, el pilar comercial concentra el mayor interés, en la medida en que define las condiciones de acceso a mercado, las disciplinas sanitarias y fitosanitarias y los marcos regulatorios que ordenan el intercambio de productos agroalimentarios, en un mercado europeo crecientemente exigente y donde las decisiones comerciales se ven cada vez más condicionadas por instancias jurídicas y regulatorias supranacionales.
Acceso a mercado: cuotas y apertura limitada en carnes
En términos prácticos, el acuerdo no supone una liberalización plena del comercio agroalimentario entre la Unión Europea y el Mercosur. En línea con la política agrícola comunitaria, el acceso a mercado se estructura bajo un esquema gradual y altamente administrado, basado en cuotas arancelarias para los productos considerados sensibles, entre ellos las carnes.
Actualmente, los países del Mercosur exportan carnes a la Unión Europea bajo aranceles NMF de la Organización Mundial del Comercio, con un acceso costoso y restringido, limitado principalmente a cuotas históricas. El acuerdo introduce mejoras respecto de este escenario, aunque sin modificar de manera estructural el carácter protegido del mercado agroalimentario europeo.
En carne de cerdo, se establece una cuota común para el bloque Mercosur que alcanzará 25.000 toneladas a partir del quinto año de vigencia, con un arancel de 83 euros por tonelada para los volúmenes ingresados dentro de la cuota. Esta será administrada por la Unión Europea bajo el criterio de orden de llegada, sin asignaciones por país. En carne de ave, el acuerdo contempla dos cuotas que, en conjunto, llegarán a 180.000 toneladas al quinto año, con arancel cero dentro de cuota. Pese a su magnitud, este acceso representa en torno al 1,3% de la producción y del consumo europeo, lo que anticipa un impacto
estructuralmente acotado.
A este escenario se suma que, en la actualidad, Brasil -principal productor del bloque- no cuenta con plantas habilitadas para exportar carne de cerdo a la Unión Europea, al no figurar en los registros sanitarios de terceros países autorizados. Si bien el acuerdo no resuelve automáticamente esta situación, sí establece un marco institucional que podría facilitar, en el mediano plazo, futuras negociaciones sanitarias a través de su capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Más allá de los volúmenes, el acuerdo incorpora disciplinas relevantes en materia de reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, junto con un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que concentra buena parte de la controversia política en la Unión Europea. En este ámbito, la implementación del Reglamento de Deforestación (EUDR) ha adquirido un rol central en la discusión, particularmente por su impacto indirecto sobre insumos estratégicos como la soya utilizada en la alimentación animal del Mercosur.
